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Aumentos de nómina para funcionarios públicos
El nuevo contrato para los empleados estatales, válido para el trienio de 2022, introduce importantes incrementos en la nómina, con un incremento medio de unos 165 euros al mes para 13 mensualidades.
Este acuerdo involucra a unos 193.851 empleados de ministerios, agencias tributarias y organismos públicos no económicos, como el INPS y el INAIL.
Sin embargo, los aumentos varían según la clasificación profesional: de 121,40 euros para los operadores a 193,90 euros para los de alta profesionalidad.
Trabajo inteligente y flexibilidad laboral
Una de las innovaciones más importantes se refiere al trabajo ágil, que permite a los empleados trabajar de forma remota durante más del 50% del tiempo, en circunstancias especiales. Esta flexibilidad es particularmente beneficiosa para los nuevos empleados y para quienes cuidan a miembros de la familia con discapacidades o que tienen necesidades de salud.
Además, también se garantizarán cupones alimentarios para los días de trabajo inteligentes, lo que suavizará una situación hasta ahora desigual entre las
distintas administraciones.
Semana laboral corta e innovaciones organizativas
El contrato también prevé la posibilidad de experimentar con una semana laboral de cuatro días, manteniendo inalteradas las 36 horas semanales, con jornadas laborales más largas.
Esta opción está diseñada para los gobiernos centrales, excluyendo a aquellos que tienen contactos directos con el público. Además, se introduce un nuevo enfoque de gestión de la edad, cuyo objetivo es tener en cuenta las diferentes edades de los empleados y promover un pacto intergeneracional
.
Reacciones y perspectivas de futuro
La renovación del contrato ha suscitado reacciones encontradas entre los sindicatos. Si bien la CISL-FP acogió con satisfacción el acuerdo y destacó la importancia de no interrumpir la continuidad de las renovaciones de los contratos, la CGIL expresó su desacuerdo y convocó una movilización para el 29 de noviembre.
Las diferencias entre las siglas de los sindicatos ponen de relieve los desafíos a los que debe enfrentarse el sector público, en un
contexto de financiación pública limitada y de compromisos europeos.
